ALAI y sus miembros están a favor del pago de impuestos en servicios digitales. No están a favor de una propuesta que vulnere los derechos y el acceso a servicios por Internet de nuestros usuarios, tal como están planteados en algunas disposiciones del Paquete Económico. Nos interesa sumar nuestra voz para mejorar la propuesta.
Antecedentes
El pasado 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó al H. Congreso de la Unión el Paquete Económico 2020, conformado por los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, la Iniciativa que reforma diversas disposiciones fiscales y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
ALAI reconoce el compromiso que la SHCP ha expresado para establecer medidas que contribuyan a la disciplina fiscal, bajo los criterios? de neutralidad, eficiencia, certeza y simplicidad, efectividad, equidad, y flexibilidad. Teniendo en cuenta que estos principios son fundamentales para fomentar el desarrollo nacional y el crecimiento económico, desde ALAI expresamos nuestra apertura a colaborar para que el esquema tributario que se propone imponer a los servicios digitales y mercados de economía colaborativa resulte aplicable y no cause efectos negativos no intencionados al ecosistema en su conjunto.
Cabe destacar que ALAI y sus empresas socias están de acuerdo con la SHCP en que es necesario diseñar medidas tributarias adecuadas, para que los servicios digitales sigan contribuyendo al desarrollo de la economía nacional, fomenten el empleo y brinden más y mejores servicios a los usuarios. Por esta razón, desde el inicio de esta administración, las empresas que forman parte de ALAI han colaborado voluntariamente, de forma estrecha con la Unidad de Política de Tributación de la SHCP, pues consideramos que la regulación adecuada sólo puede diseñarse desde la comprensión clara de la forma en que opera la economía digital.
Implicaciones del contenido del Paquete Económico
A partir del análisis del contenido del Paquete Económico 2020, de forma general, destacamos las implicaciones que su instrumentación tendrá para la economía digital y el ejercicio de derechos fundamentales de los usuarios.
En principio, el Paquete Económico que presentó la SHCP incluye múltiples requisitos y normativas, cuyos plazos de cumplimiento inhibirán la capacidad de las empresas para atenderlos, especialmente las pymes, que no cuentan con áreas legales o despachos contables, por lo que sería común que éstas las incumplieran y deban enfrentar sanciones desproporcionadas.
En cuanto a las particularidades de las nuevas medidas, cabe señalar que varias van en contra de las recomendaciones propuestas por instituciones internacionales en diversos foros, para definir la forma adecuada de cobrar impuestos a los servicios digitales. Hasta el momento, 48 países han establecido medidas para cobrar el impuesto al valor agregado basadas en las discusiones globales?.
En esta nueva realidad, en que cada vez más bienes y servicios se ofrecen mediante mercados digitales, que transitan libremente las fronteras geográficas, es fundamental no perder de vista que la naturaleza de Internet y de los servicios digitales favorece la inclusión de sectores históricamente excluidos de la participación en la economía, generando ingresos adicionales para estos. Por tanto, cualquier regulación al respecto debe debatirse ampliamente entre todos los actores involucrados, pues la imposición de medidas inadecuadas puede ctener efectos no deseados para la innovación, el desarrollo y el ejercicio de derechos fundamentales.
Por último, es de extrema preocupación que, como sanción por el incumplimiento de medidas fiscales, las autoridades tributarias amenacen con la posibilidad de desconectar servicios y plataformas de internet a los usuarios en México. Esta disposición atenta contra la naturaleza abierta de Internet, y el ejercicio fundamental de derechos como la accesibilidad, la libertad de expresión y de acceso a la información protegidos por la Constitución Mexicana y por la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Urgimos a las autoridades a revisar nuevamente la proporcionalidad de esta sanción, para lograr que la ejecución de las medidas fiscales sea justa, transparente, dentro del ámbito de las atribuciones de las dependencias involucradas, sin perjudicar otros aspectos que claramente afectan los derechos de los usuarios mexicanos.
Así, ALAI y sus empresas socias reiteran su disposición a mantener un diálogo abierto y transparente con las autoridades, para que en conjunto se defina un esquema tributario eficiente y eficaz, que contribuya al objetivo común de promover el desarrollo nacional y el crecimiento económico, que permita a más mexicanas y mexicanos tener mayor bienestar y mejores condiciones de vida.
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